La situación en el Centro de Prevención y Reinserción Social de Acámbaro es grave y ha despertado la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato. Se han confirmado violaciones a los derechos humanos de 23 internos, quienes han estado sujetos a condiciones de aislamiento y, potencialmente, a torturas, como lo evidencian las lesiones que presentan.
Desde el 11 de agosto, durante una inspección del equipo de la CNDH, se detectaron estas irregularidades dentro del penal, que se llevaron a cabo con la justificación de mantener la gobernabilidad en medio de tensiones entre los internos. Sin embargo, tales medidas, que incluyen el impedimento de desplazamientos y acceso a servicios, van en contra de la Ley Nacional de Ejecución Penal y podrían constituir delitos.
Las acciones de la CNDH y la Procuraduría del estado incluyen medidas cautelares para garantizar que los internos puedan comunicarse con sus familiares y defensores, así como para asegurar una revisión médica de sus condiciones de salud y de las lesiones reportadas. La Secretaría de Seguridad del estado ha tomado decisiones administrativas, incluyendo cambios en el personal del centro, en respuesta a estas denuncias.
Es un caso que refleja la urgente necesidad de reformar las condiciones dentro de los centros penitenciarios en México para asegurar el respeto a los derechos humanos y el bienestar de las personas privadas de su libertad.