La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha dictaminado por unanimidad que el Grupo Elektra debe pagar un crédito fiscal que asciende a más de 33 mil millones de pesos, correspondiente a los ejercicios fiscales de 2014 y 2015. Esta decisión se tomó tras desechar el amparo que intentó presentar la empresa, argumentando que no cumplía con las condiciones legales necesarias para ser evaluado por el tribunal.
El crédito fiscal específico es de 33,306,476,349 pesos, y la corte también ha impuesto una multa a Grupo Elektra por intentar dilatar el proceso judicial. El ministro Rodrigo Arístides Guerrero propuso esta resolución, afirmando que el caso no mostraba la excepcionalidad necesaria para su revisión, y que no había argumentos suficientes para cuestionar las decisiones previas del Tribunal Colegiado de Circuito.
Además, durante el proceso, hubo un debate sobre la imparcialidad de ciertos ministros, lo que llevó a las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres a retirarse de la discusión. Esto se debió a que su imparcialidad fue puesta en duda, junto con la participación de Estela Ríos, quien ya había sido declarada impedida en este tipo de casos. El ministro Irving Espinosa Betanzos presentó el proyecto que abordaba estos impedimentos, sugiriendo que se abandonara un criterio anterior relacionado con el conflicto de interés.
En resumen, este fallo representa un paso importante en la contienda fiscal de Grupo Elektra, obligándola a cumplir con sus obligaciones tributarias y reafirmando la independencia del sistema judicial ante los intentos de la empresa por evitar penalizaciones.