La reciente aprobación de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación en México tiene implicaciones significativas para el comercio internacional y la economía del país. Esta reforma, que se aprobó con el objetivo de generar una recaudación de aproximadamente 51 mil 910 millones de dólares en importaciones para el año 2024, establece impuestos específicos para productos provenientes de naciones con las que México no tiene acuerdos comerciales, destacando a países como China, Corea del Sur, India y Vietnam, entre otros.
El número de fracciones arancelarias afectadas por esta ley es considerable, alcanzando un total de 1,463. El impacto varía según las industrias: desde autopartes hasta productos de marroquinería y juguetes. Esta medida se justifica por el deseo de regular el comercio con naciones que tienen una alta participación en el mercado mexicano y busca proteger a las industrias locales de posibles prácticas desleales o competencia desleal.
A pesar de la importancia de esta Reforma, el proceso legislativo no estuvo exento de debate. Diferentes partidos realizaron propuestas y reservas, aunque solo algunas de ellas fueron aprobadas, reflejando un ajuste en varias fracciones arancelarias, especialmente en la industria del calzado y textil, que son sectores vulnerables a la competencia internacional.
Además, se estableció un artículo transitorio que otorga a la Secretaría de Economía la facultad de implementar mecanismos jurídicos precisos para la importación de mercancías de aquellos países que no tengan tratados de libre comercio vigentes con México. Esto sugiere que el gobierno buscará maneras de adaptar y gestionar el flujo comercial en este nuevo marco legal.
En resumen, esta legislación representa un cambio estratégico en la política comercial de México, centrándose en la necesidad de proteger y fomentar la industria nacional frente a la competencia extranjera, particularmente de países que representan un volumen significativo en importaciones.