El Congreso de la Unión en México ha aprobado importantes reformas a la Ley de Amparo y a la Ley de Inimpugnabilidad, como parte de un esfuerzo para actualizar y sistematizar la legislación en concordancia con las recientes modificaciones a la Constitución que afectan al Poder Judicial.
La reforma a la Ley de Amparo, que fue respaldada por una mayoría de 338 votos a favor y 126 en contra, establece que no se podrá impugnar actos del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial mediante juicios de amparo. También especifica que las sentencias dictadas en estos juicios, que declaren la inconstitucionalidad de normas generales, sólo tendrán efectos para las partes en el juicio, salvo las excepciones que pueda establecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Por otro lado, la aprobación de la reforma a la Ley de Inimpugnabilidad, con 335 votos a favor, 125 en contra y una abstención, indica que las reformas constitucionales no podrán ser impugnadas ni se podrán presentar controversias o acciones de inconstitucionalidad respecto a estas reformas. Esto busca asegurar que las nuevas estructuras administrativas y jurisdiccionales establecidas en el Poder Judicial Federal se mantengan firmes y sin posibilidad de ser cuestionadas judicialmente.
Estas reformas buscan dotar de un control más efectivo sobre la labor de jueces y magistrados, promoviendo la transparencia en la administración de justicia y fortaleciendo las instituciones encargadas de la supervisión judicial.