El tema en cuestión gira en torno a la resolución del caso del exsecretario de la Defensa de México, Salvador Cienfuegos, y las declaraciones contradictorias entre el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores. Gertz Manero sostiene que la jueza Carol Bagley Amon anuló los cargos en contra de Cienfuegos a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, sin ninguna influencia o petición del gobierno mexicano.
Por otro lado, Ebrard, en declaraciones anteriores, había indicado que se trató de un acuerdo entre México y Estados Unidos que llevó a la desestimación de los cargos, sugiriendo que el gobierno estadounidense accedió a esta medida para evitar la expulsión de agentes de la DEA que operaban en México. Esta discrepancia ha generado un llamado para que Ebrard aclare su posición sobre el asunto, dado que Gertz Manero afirma que no hay documentación que respalde la afirmación de Ebrard.
El contexto también incluye la declaración de Ebrard respecto a que Cienfuegos estaría bajo investigación en México y que se solicitaron evidencias a Estados Unidos, lo cual indica un interés por parte del gobierno mexicano en el caso, a pesar de la separación de los procesos judiciales. La situación resalta la complejidad de las relaciones entre los dos países en temas de justicia y cooperación en la lucha contra el crimen organizado.