La reciente aprobación de la reforma a la Ley de Amparo en el Senado ha suscitado preocupaciones significativas entre los sectores empresariales, particularmente la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Según la organización, las nuevas disposiciones introducidas limitan derechos fundamentales y generan un ambiente de incertidumbre jurídica que podría desincentivar la inversión privada y obstaculizar la creación de empleo.
Uno de los puntos más controversiales es un artículo transitorio que se incorporó al último momento y que establece la aplicación retroactiva de la reforma. Esto afectaría incluso los juicios de amparo que ya están en curso, lo que, a juicio de Coparmex, infringe la certeza jurídica y vulnera principios constitucionales básicos. La asociación empresarial sostiene que el juicio de amparo ha sido una herramienta crucial en la protección de los derechos de ciudadanos y empresarios, que históricamente ha permitido a numerosas pequeñas y medianas empresas defenderse de abusos por parte de las autoridades.
En resumen, la Coparmex considera que esta reforma representa un retroceso en la protección de derechos y puede tener consecuencias negativas para el clima de inversión en el país.