El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, ha generado una fuerte reacción entre agrupaciones empresariales y fuerzas políticas en México, especialmente en Michoacán. En un comunicado, empresarios de la región exigieron al gobierno acciones "inmediatas y contundentes" para recuperar la seguridad, resaltando que la violencia en el país mantiene a los ciudadanos en un estado de temor constante y afecta el crecimiento económico y la confianza en las instituciones.
Los empresarios, que forman parte de organizaciones como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), recordaron que Manzo había solicitado ayuda al gobierno federal para combatir la criminalidad en su municipio y pidieron que se investigue el asesinato con rapidez y que los responsables sean llevados ante la justicia.
El suceso ha suscitado reacciones de indignación en el ámbito político. La presidenta de la ciudad, Claudia Sheinbaum Pardo, convocó a una reunión con su equipo de seguridad para abordar el tema, mientras que Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de un partido, hizo un llamado a no politizar el asunto.
Este trágico evento ha puesto en evidencia la persistente crisis de seguridad en varias regiones de México, así como la necesidad de respuestas efectivas por parte del gobierno para enfrentar el avance de la criminalidad que afecta la vida de los ciudadanos y el desarrollo comunitario.