La reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso de Ernestina Ascencio Rosario es un hito significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en México, especialmente en el contexto de la violencia que enfrentan las comunidades indígenas. Ernestina, una mujer indígena náhuatl de 73 años, fue víctima de violación sexual, tortura y asesinato a manos de miembros del Ejército Mexicano en 2007, un hecho que causó indignación y repercusiones a lo largo de los años.
Martha Inés Ascencio, la hija de Ernestina, expresó su satisfacción con el fallo, destacando la importancia de ser escuchadas después de casi dos décadas de lucha. A pesar de la condena internacional, subrayó la necesidad de que el gobierno mexicano cumpla con las órdenes de la Corte, lo que refleja la desconfianza que muchas víctimas y sus familias tienen hacia las instituciones estatales.
El caso, que en su momento fue desestimado por las autoridades con una narrativa oficial que atribuía la muerte de Ernestina a una "gastritis", pone de relieve la problemática de la impunidad en México, donde muchas veces los atropellos a los derechos humanos son minimizados o encubiertos. Patricia Benítez Pérez, del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C., enfatizó que la sentencia no solo busca justicia para Ernestina, sino que también honra su memoria y dignifica la verdad que su familia ha buscado durante años.
Esta situación refleja una lucha más amplia por el reconocimiento y la protección de los derechos de las comunidades indígenas, así como la responsabilidad del Estado en garantizar justicia y reparación a las víctimas de delitos graves. La decisión de la Corte IDH también se puede ver como una llamada de atención a la necesidad de reformas en el sistema de justicia mexicano para prevenir que casos como el de Ernestina Ascencio vuelvan a ocurrir.