El gobierno de Manolo Jiménez Salinas ha confirmado que realiza el cobro de impuestos sobre las mercancías que ingresan desde el extranjero a través de los puentes internacionales de Piedras Negras y Ciudad Acuña. Para combatir el contrabando y la evasión fiscal, se han instalado retenes a poca distancia de estos puentes. Estas acciones están fundamentadas en el Convenio de Coordinación Fiscal con el gobierno federal.
La administración de Jiménez Salinas respondió a consultas de medios, como Proceso, mediante un mensaje de WhatsApp enviado por Maribel Sánchez Tovar, coordinadora de Comunicación e Imagen Institucional. En este mensaje se menciona que las actividades se llevan a cabo a través de la Administración General de Comercio Exterior, que fue creada en 2004 y ratificada en 2008 y 2015, aunque no se proporcionaron fechas específicas ni el número de decreto. Es importante señalar que durante las dos primeras fechas mencionadas, no existía la Administración Fiscal General (AFG), que se estableció más tarde, en 2012.
El 14 de febrero de este año, se publicó un decreto en el Periódico Oficial del Estado que reformó el reglamento de la AFG, estableciendo la creación de la Administración General de Comercio Exterior como una unidad administrativa especializada. Esta reforma, junto con el mencionado convenio de coordinación fiscal, proporciona el marco legal para las inspecciones realizadas en los retenes instalados cerca de los puentes.
Aunque el gobierno de Coahuila afirma que la AFG no tiene la facultad de fiscalizar a ciudadanos en los cruces fronterizos, sí permite la revisión de mercancías que, según las autoridades, han sido valoradas usando precios de plataformas como Amazon y Mercado Libre. Sin embargo, esta información no fue compartida con Proceso, que había solicitado datos al respecto al director de Comunicación Social del gobierno de Coahuila, Diego Rodríguez Canales.