El reconocimiento de responsabilidad por parte del gobierno del estado de Jalisco en relación con las violaciones de derechos humanos en casos de desaparición es un acontecimiento significativo, ya que es la primera vez que se hace una declaración oficial sobre este tema. Este acto responde a la recomendación 167/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que identificó fallos serios en el manejo de la justicia para las víctimas de desapariciones en Jalisco y Zacatecas.
El caso específico al que se refiere este reconocimiento involucra la desaparición de cuatro personas el 30 de septiembre de 2010 en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. La madre de una de las víctimas, María Natividad Guerrero Serrano, expresó su descontento sobre la forma en que se llevó a cabo el reconocimiento. Señaló que hubo varias limitaciones y una falta de transparencia en el evento, así como la negación inicial de permitir la presencia del fiscal general del estado y los intentos de censurar a familiares de las víctimas que deseaban hablar sobre su experiencia.
Guerrero Serrano enfatizó la importancia de un acto de reconocimiento que verdaderamente escuche y respete a las familias de las víctimas, en lugar de ignorarlas o dejar de lado sus necesidades. Esto refleja una demanda de justicia y una exigencia de que las autoridades reconozcan públicamente sus fallas en la búsqueda y el tratamiento de estos casos dolorosos.
Es evidente que, aunque este reconocimiento representa un paso, las familias continúan enfrentando sentimientos de frustración e insatisfacción ante el proceso y el tratamiento que han recibido, y subraya la necesidad de un enfoque más humano y centrado en las víctimas por parte de las autoridades.