El 2 de mayo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco realizó un nuevo ingreso al rancho Izaguirre, donde se descubrió un sitio de inhumación clandestina y reclutamiento forzado. Este ingreso se llevó a cabo 58 días después del hallazgo inicial, y 41 días tras un recorrido que incluyó a buscadores y periodistas. La entrada al rancho fue autorizada judicialmente, permitiendo al colectivo participar en la investigación de personas desaparecidas, en cumplimiento de las leyes pertinentes.
Los integrantes del colectivo llegaron al rancho en 12 vehículos de la Fiscalía General de la República (FGR) y estaban acompañados por miembros de la Guardia Nacional. Un día antes, la representante del grupo, Indira Navarro Lugo, tuvo una conversación con el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien mostró su compromiso de esclarecer las desapariciones. Durante la llamada, Navarro Lugo mencionó inconsistencias entre los informes de la Fiscalía de Jalisco y la información que Gertz había recibido, incluyendo detalles sobre 17 lotes de restos óseos encontrados en el rancho.
Navarro también enfatizó que una colaboración genuina es crucial para encontrar la verdad, dando al fiscal la oportunidad de ganarse el respeto de la sociedad y las víctimas. El ingreso al rancho, que se extendió por casi seis horas y se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, concluyó con el colectivo optando por no hacer declaraciones a la prensa, marcando un contraste con su disposición anterior a informar.