que la aplicación rigurosa de las sanciones podría generar un conflicto entre las normativas nacionales de paridad de género y las tradiciones locales que rigen a las comunidades indígenas. Casales González argumentó que es fundamental encontrar un equilibrio que respete tanto los derechos de las mujeres a participar en la política como las costumbres y normas de los municipios indígenas, sugiriendo que se podría buscar un enfoque más flexible que considere las particularidades de cada comunidad.
La discusión en el IMPEPAC puso de manifiesto la complejidad de implementar políticas de igualdad de género en contextos diversos y el reto de armonizar la paridad de género con los sistemas normativos indígenas, lo cual genera tensiones en la aplicación de políticas públicas. A pesar de las objeciones al dictamen y la preocupación por el incumplimiento del acuerdo de paridad, la postura de los consejeros reflejó un intento de negociar y revisar cómo se podría aplicar la ley de manera justa y sensible a las diferencias culturales.
El Observatorio de la Paridad y Violencia Política de Morelos criticó esta postura, argumentando que eliminar las sanciones puede llevar a una regresión en los avances en la igualdad de género en la política local. Hicieron un llamado a los consejeros del IMPEPAC para que priorizaran la implementación de medidas que aseguren la representación femenina en las autoridades auxiliares, destacando la importancia de contar con un mecanismo que garantice que las mujeres tengan una participación equitativa en la toma de decisiones a todos los niveles de gobierno.
El debate sobre este tema sigue vigente, reflejando las tensiones entre la normativa legal y los derechos culturales, así como la necesidad de políticas efectivas que apoyen la igualdad de género en todas las comunidades, sin comprometer las tradiciones y prácticas locales.