La reciente designación de Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), como director general de Centros de Formación para el Trabajo en la Secretaría de Educación Pública (SEP), ha generado una fuerte reacción entre organizaciones que representan a familiares de las víctimas del trágico incendio en una estancia temporal en Ciudad Juárez. Este incidente, que ocurrió el 27 de marzo de 2023, dejó un saldo de 30 personas fallecidas y numerosos sobrevivientes con secuelas.
Los grupos, incluyendo el Instituto de Mujeres en Migración (Imumi) y la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho (FJEDD), han expresado su indignación en redes sociales, subrayando que Garduño Yáñez sigue siendo imputado por ejercicio ilícito del servicio público en relación con el incendio. Las organizaciones consideran que su nombramiento envía un mensaje alarmante sobre la falta de compromiso del Gobierno de México hacia la verdad y la justicia, además de reflejar una lógica de protección política en lugar de optar por criterios de idoneidad y profesionalismo en la elección de funcionarios públicos.
El titular de la SEP, Mario Delgado, justificó la elección de Garduño al calificarlo como un “funcionario ejemplar”, lo cual ha sido recibido con críticas por las organizaciones que defienden a las víctimas. Argumentan que la falta de experiencia y trayectoria de Garduño en el ámbito educativo socava la confianza ciudadana en las instituciones. Resaltan que esta decisión podría ser vista como un premio inmerecido, lo que profundiza la impunidad y normaliza el olvido institucional tras una tragedia que afectó a tantas vidas.
Finalmente, enfatizan que la justicia y la rendición de cuentas son fundamentales y que no deben ser reemplazadas por cargos públicos sin asumir las responsabilidades correspondientes.