El caso de Jareth Roberto “H”, relacionado con el homicidio del delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, revela serias fallas en el sistema judicial y de seguridad en México. A pesar de haber sido detenido en enero de 2020 junto a otros tres hombres con armas y municiones de uso exclusivo de las fuerzas armadas, la FGR optó por liberarlos debido a que los delitos no justificaban prisión preventiva en ese momento.
Desde su liberación, se perdió el rastro de Jareth Roberto “H” y sus acompañantes, lo que indica una falta de seguimiento y capacidad para hacer cumplir la ley. La orden de aprehensión emitida más tarde no resultó efectiva, ya que la notificación no pudo ser realizada a los involucrados, lo que plantea dudas sobre el manejo de las investigaciones y la necesidad de mejorar los mecanismos de localización y vigilancia de individuos investigados por delitos graves.
Este caso pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el sistema de justicia mexicano, especialmente en el contexto de la lucha contra el crimen organizado y la violencia en el país. La falta de acción efectiva puede tener implicaciones significativas para la seguridad pública y la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de hacer justicia.