El próximo domingo, los ciudadanos de México se enfrentarán a un momento histórico en el que tendrán la oportunidad de elegir a sus jueces. Esta es la primera vez que los jueces serán elegidos directamente por el voto popular, un proceso que ha generado tanto expectativas como críticas. La elección se realiza en el marco de una reforma judicial impulsada por el gobierno anterior, liderado por Andrés Manuel López Obrador, y que ha sido objeto de controversia debido a su potencial para politizar la justicia.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha establecido normas estrictas para garantizar la equidad en el proceso electoral. Los aspirantes a jueces no pueden recibir apoyo financiero de partidos políticos ni comprar espacios publicitarios en los medios de comunicación. Sin embargo, tienen permitido realizar campañas limitadas a través de volantes y redes sociales, con un presupuesto que varía según el cargo al que aspiran.
A pesar de estas regulaciones, expertos han señalado que la influencia política ha estado presente desde el inicio del proceso, lo que ha generado un ambiente de desconfianza respecto a la imparcialidad de las elecciones. La presidenta actual, Claudia Sheinbaum, se enfrenta a un desafío importante, ya que el éxito de esta votación puede influir en su capacidad de convocatoria y en el futuro del sistema judicial mexicano.
La elección está programada para el 1 de junio, con 881 jueces que serán elegidos a nivel nacional. La participación ciudadana será clave, con el gobierno alentando a sus simpatizantes a acudir a las urnas, a pesar de la prohibición expresa para que los partidos apoyen a los candidatos. La dinámica de esta elección puede tener repercusiones significativas en el sistema judicial del país y en la relación entre el poder judicial y el ejecutivo.