La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) marca un hito al aplicar por primera vez la reforma a la Ley de Amparo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta reforma, en vigor desde el 17 de octubre, establece normas más claras sobre las recusaciones de ministros y magistrados.
En un caso específico, la ministra Yasmín Esquivel Mossa propuso que se desechara una contradicción de criterios relacionada con si un magistrado o ministro puede ser declarado impedido para conocer una solicitud de recusación contra otro juzgador. La ministra explicó que la Ley de Amparo limita las circunstancias bajo las cuales se pueden presentar recusaciones, especificando que no pueden plantearse en procedimientos accesorios, como el que se discutía sobre el impedimento.
Este nuevo enfoque implica que cualquier intento de recusar a un juez en trámites accesorios relacionados con un litigio será automáticamente desechado, lo que podría afectar las estrategias dilatorias que algunas partes en juicios podrían emplear. La decisión refleja un intento de hacer más eficiente el proceso judicial y de reducir el abuso de las recusaciones como táctica para prolongar o entorpecer los procedimientos legales.