La historia de Ericka Contreras y su hija Lucía refleja un complejo y doloroso caso de violencia vicaria en el que se enfrentan a un sistema judicial que parece ser insensible a su situación. Desde hace nueve meses, Ericka ha estado separada de su hija, lo que ha generado una lucha intensa por su regreso.
El conflicto comenzó cuando su expareja, Mauricio Estrada, acusó a Ericka de un delito sexual, supuestamente para obstaculizar su relación madre-hija. A pesar de que Ericka mantiene la esperanza de recuperar a Lucía, ha enfrentado una serie de obstáculos y frustraciones en su camino hacia la justicia. En ocasiones ha sentido que avanza en el proceso legal, pero los recursos y acciones de su expareja suelen llevarlas de nuevo a la misma situación o incluso hacerles retroceder.
El 8 de agosto de 2024, el conflicto escaló cuando Mauricio se negó a entregar a Lucía a Ericka, lo que llevó a esta última a presentar una denuncia por sustracción y violencia familiar. Aunque se había previsto el uso de la fuerza pública para la restitución de la menor, el hecho de que Mauricio cambiara de domicilio complicó las cosas, resultando en una Alerta Amber para localizar a Lucía.
En el marco de esta lucha legal, Mauricio también presentó una denuncia contra Ericka, lo que añade más complicaciones al proceso. Aunque un juez le otorgó a Mauricio el resguardo temporal de Lucía, la custodia legal sigue perteneciendo a Ericka, lo que crea un ambiente de incertidumbre para ambas.
La situación de Ericka y Lucía subraya la necesidad de una reforma en el sistema judicial para abordar la violencia vicaria y proteger los derechos de las madres y sus hijos en situaciones similares. La historia es un llamado de atención sobre la vulnerabilidad de las familias en conflicto y la importancia de un enfoque más sensible y eficaz por parte de las autoridades.