La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido posponer indefinidamente la discusión sobre una contradicción de criterios que podría afectar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para presentar amparos en relación con leyes generales. El aplazamiento se debe a que el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, indicó que hay solicitudes de audiencia de personas interesadas en el tema.
El asunto en cuestión se refiere a un criterio relacionado con el derecho a un medio ambiente sano, reconocido en la Constitución mexicana. La ministra Yasmín Esquivel Mossa propuso una reducción del alcance del interés legítimo, lo que podría tener implicaciones significativas para las organizaciones civiles, especialmente en el contexto de una reforma a la Ley de Amparo presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La Corte debe decidir si una organización puede demostrar su interés legítimo en casos de amparo por violaciones al derecho a un medio ambiente sano simplemente mostrando su acta constitutiva, que detalle su objeto social relacionado con la defensa de este derecho. Esquivel Mossa argumenta que el mero hecho de tener un objeto social que mencione la defensa de derechos no es suficiente para acreditar el interés legítimo, ya que no cualquier entidad puede impugnar en base a su objeto social sin demostrar una afectación específica y cualificada.
La propuesta establece que para que una organización pueda exigir la protección de este derecho, debe haber una demostración concreta de cómo la acción impugnada afecta a sus intereses, lo que podría establecer un estándar más riguroso para las organizaciones que buscan defender el medio ambiente a través de amparos. Las organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación de que esta decisión pueda sentar un precedente negativo para su capacidad de actuar en defensa de derechos medioambientales.