La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión al afirmar que no hay censura ni espionaje en ella. Ante las críticas sobre las modificaciones legislativas que facilitan la entrega de información en investigaciones, pidió hacer aclaraciones sobre el tema. José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, respaldó esta postura, mencionando que el artículo 183 del dictamen en discusión es idéntico al de la ley vigente, que fue aprobada en 2014 por los partidos PAN y PRI.
Peña Merino explicó que los operadores de telecomunicaciones están obligados a colaborar con las autoridades de seguridad y procuración de justicia, pero siempre bajo un mandamiento escrito y fundamentado. Específicamente, los concesionarios de telecomunicaciones y los autorizados deberán colaborar en la localización geográfica en tiempo real de dispositivos, y cualquier falta a esta disposición podrá ser sancionada según la ley penal.
Además, en casos donde el Ministerio Público necesite información, proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos pueden ser convocados a entregar datos. Se indicó que los datos conservados se destruirán si no son relevantes como prueba en investigaciones.