La investigación que involucra al empresario Raúl Rocha Cantú y otros supuestos miembros de una organización delictiva ha revelado conexiones con diversos funcionarios del partido Morena, lo que ha generado un gran interés mediático y preocupación política. Según la información, la Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido órdenes de aprehensión y está investigando supuestos delitos de tráfico de armas y huachicol.
En particular, se menciona una conversación interceptada entre Jorge Enrique Alberts Ponce, relacionado con un escándalo previo de desfalco, y un hombre identificado como Alejandro Jacob Álvarez Arriaga. Durante esta llamada se hacen referencias a Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, sugiriendo que hay tratos y relaciones amistosas que podrían influir en investigaciones o decisiones dentro de la Fiscalía.
Los detalles de la llamada indican que los involucrados discutían sobre lealtades y conexiones políticas que podrían afectar el rumbo de las investigaciones, incluyendo menciones sobre la remoción de funcionarios y las relaciones que podrían tener con la madre de uno de los interlocutores. Esto podría señalar una red de complicidad que se extiende más allá del ámbito delictivo a altos niveles en el gobierno.
Hasta ahora, la FGR no ha aclarado si ha tomado acciones concretas respecto a los funcionarios mencionados en las conversaciones, ni si están siendo investigados, lo que deja abierta la posibilidad de que la trama se complejice aún más al implicar a actores políticos en el caso.