La situación descrita en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, relata la muerte del normalista Jesús Alaín Vázquez Pérez tras un incidente con la policía. Tres días después de su fallecimiento, se realizaron labores de recolección de evidencias por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el lugar donde ocurrió la tragedia. Entre las evidencias estaban cartuchos percutidos, lo que sugiere la posible participación de armas de fuego en el incidente.
El sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, representante del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, comentó sobre la importancia de la recolección de evidencias y el apoyo que ofrecen a los estudiantes involucrados. Se discutió la declaración de al menos diez normalistas que acompañaban a Jesús Alaín y que podrían tener información relevante sobre lo sucedido.
La FGE, a través de su fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, explicó que no se presentó en el lugar de los hechos inmediatamente por precauciones, dado que los estudiantes estaban encapuchados y podría haber riesgos de confrontación. En una reunión posterior, se acordó que los testimonios de los estudiantes se recogerían el 19 de mayo, con el objetivo de avanzar en la investigación del caso, especialmente porque hay compañeros heridos, uno de los cuales recibió un impacto que podría no haber sido de bala, sino de una bala de goma.
Este incidente pone de relieve la tensión entre estudiantes normalistas y las autoridades, así como la necesidad de esclarecer los hechos y buscar justicia para el fallecido y los heridos.