Nadie olvidará el 4 de julio de 2018 las palabras de Andrés Manuel López Obrador: ¡Gracias a las benditas redes sociales! En ese momento el hoy presidente, afirmó que su campaña se había desarrollado más en medios electrónicos y en la red de apoyo ciudadano que se había formado en ellos, gracias a sus simpatizantes, y que solo la apertura de su cuenta oficial y la rapidez con que las redes difunden la información en nuestra era, le había permitido ganar.
Lo cierto es que el excandidato, gastó en su campaña del 2018, 156 millones de pesos, frente a los 357 millones gastados por Ricardo Anaya y 302 millones de José Antonio Meade1. Sinceramente es algo de celebrarse que solo haya gastado la mitad de lo que gastaron sus contrincantes, pero ese no es el tema que ocupa a este texto.
La sociedad en que le tocó a Andrés Manuel López Obrador ser presidente, no es la misma que en 1968 se enteró a cuenta gotas de lo que sucedía en Tlatelolco, o la de 1997 que tras ser asesinados indígenas en Acteal, Chiapas; recibirían solo hasta años después los detalles de cómo ocurrió aquello; ni siquiera está hablando con la misma sociedad que en 2014 le exigió a Enrique Peña Nieto que diera con los 43 normalistas de Ayotzinapa, que lo obligó a sentarse con sus padres a explicarles que el Estado no solo les había fallado, sino que había desaparecido a sus hijos.
Este México es partícipe de verdades a veces incómodas, denunciante de ciudadanos omisos en las calles, policías corruptos, funcionarios mediocres que acuden al Súper Bowl en medio de la crisis sanitaria, y esta apertura permite que cualquiera como yo, como usted, pueda abrir un canal en YouTube en 5 minutos y comience a platicarle al mundo sobre lo que piensa o hace; si Andrés Manuel quiere controlar a los que opinen diferente a él, está hablando de controlar a 90 millones de mexicanos (quitándole los 30 millones que lo llevaron a la presidencia).
La iniciativa surrealista presentada por el Senador Ricardo Monreal es antitética del Estado libre de derecho. Existen distintos motivos claros y válidos para legislar en la materia, como la pornografía infantil, el fraude, el acoso sexual a hombres y mujeres, el bulliyng y como lo dejó ver recientemente el expresidente estadounidense Donald Trump, las fake news que pueden incitar al odio o a la violencia.
Sin embargo, dudo mucho que una fuente periodística que con datos en la mano quiera expresar su punto de vista distinto al del partido oficial o que contradiga al presidente o algún miembro de su gabinete sea motivo para considerar que el país vive en una anarquía total en las redes.
Por ejemplo, dicha iniciativa en su Artículo 175 Ter, fracción I, menciona que las cuentas podrán ser suspendidas si se acredita en términos de los artículos 6o y 7o constitucionales, que el mensaje o contenido difundidos, incluidas las noticias falsas, ataquen a la moral y el orden público, la vida privada y los derechos de terceros, o provoquen algún delito o perturben el orden público; etc. Me pregunto ¿Qué se considera como ataque a la moral? ¿Palabras altisonantes? ¿Publicidad de revistas eróticas? ¿Fotos que promuevan el alcoholismo? ¿Quién establece lo que es moralmente aceptable?
Y aunque este fragmento de este nuevo artículo que comprende la iniciativa a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue tomado del artículo sexto Constitucional, debemos reconocer la ambiguedad de algunos parámetros. Coincido en que regule cosas como verificar los cambios en los contratos de uso entre las aplicaciones y los usuarios, pues a principios de año estos casi nos cuestan la venta de bases de datos sobre nuestras preferencias. De igual forma en que establezca ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿Cuáles serán esas causas graves que considerarán para dar de baja una cuenta? Sin embargo, creo que se está atacando lo menos importante detrás del gran iceberg que es la comunicación digital.
Están regulando solo redes, no todas las apps. Están regulando la distribución de información, no cuidando las fuentes de información, regularán el cómo se comporta una empresa extranjera con domicilio en Silicon Valley y cómo aplica sus políticas internas, políticas que uno acepta en los términos y condiciones al abrir su perfil, y probablemente no estén considerando al TMEC. La reforma va más allá del poder imponer una veda a enemigos incómodos en tiempos electorales, hay muchos temas de interés ciudadano que los afecta y que carecen de instancias para denunciar o no están aun regulados.
Pero en lo que resuelven qué es realmente importante regular en los medios electrónicos, a mi me robaron 1,800 pesos una página clon de la marca Columbia hace una semana; por cierto, si les sirve de algo, Columbia México no existe, tienen que comprarla en tiendas departamentales.
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1https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/proceso-electoral-federal?
LinkedIn: Diana Jael Gómez Ángeles.
