Ministro de la SCJN pide que la consulta sea declarada como insconstitucional.

El ministro Luis María Aguilar propuso declarar inconstitucional la solicitud de consulta ciudadana enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a 5 expresidentes nacionales. 

Vía Twitter, la SCJN compartió la revisión de constitucionalidad hecha por el ministro y se espera que su planteamiento sea discutido el próximo 1 de octubre.

De acuerdo con el documento la inconstitucionalidad se fincó en el artículo 35 constitucional, en su numeral 3, que señala: “no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ni las garantías para su protección”.

Se abordan todos los puntos que expuso el presidente Andres Manuel; Aguilar explicó en su tesis que si bien la participación ciudadana es un derecho humano, le corresponde a la Corte vigilar que el objeto de la consulta sea respetuoso de los principios esenciales de la democracia y de la protección de los derechos humanos y la propuesta de consulta contiene múltiples violaciones constitucionales.

Tales derechos, añadió el Ministro, deben ser protegidos por todas las autoridades de este país, aún cuando esos derechos “puedan ser políticamente incómodos o socialmente cuestionables y no pueden restringirse, ni siquiera si la mayoría de las personas que voten en una consulta popular lo estimaran así”.

Otra de las argumentaciones de Luis María Aguilar versó en que ninguna consulta puede condicionar la vigencia de los derechos humanos “a lo que coincidan las mayorías”, ya que por ejemplo, no sería constitucional y no podría llevarse a cabo una consulta al pueblo mexicano para preguntar si está de acuerdo o no con prohibir la esclavitud, ya que esas cuestiones no son consultables.

Sin embargo, en el punto 56 del documento, se recordó que aunque la consulta es inconstitucional desde su origen, hay una obligación de las autoridades de “investigar, perseguir y sancionar los hechos delictivos y que no pueden disociarse de los derechos de los que las personas gozan de acceder a la justicia pronta, completa e imparcial, al debido proceso y, en general, al correcto funcionamiento de las instituciones del Estado Mexicano”.

Otro de los planteamientos presentados es que si de realizarse la consulta y el resultado fuera en contra de juzgar a los expresidentes, se daría la orden a las autoridades competentes a no cumplir con sus obligaciones de investigar, perseguir y sancionar los delitos, aún cuando en el futuro aparecieran pruebas que hicieran presumir la responsabilidad penal.

Una observación más que se hizo a la propuesta presidencial fue que vulnera la presunción de inocencia de las personas al exponerlas a los medios, “es válido que las autoridades brinden toda la información de relevancia pública, pero lo que no pueden hacer es exponer a una persona frente a la sociedad y, principalmente, frente a las futuras partes del proceso, haciéndolas ver como culpables del hecho posiblemente delictivo y la anticipación de la pena”.

Gran parte de la responsabilidad sobre la viabilidad de la consulta ciudadana está depositada en Aguilar Morales, quien nació en la ahora Ciudad de México el 4 de noviembre de 1949 y es Ministro de la SCJN desde el 1 de diciembre de 2009, postulado por uno de los expresidentes que forman parte de la lista de posibles futuros enjuiciados: Felipe Calderón Hinojosa.

Aguilar también fungió como Presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal CJF el periodo de enero 2015 a diciembre 2018, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, otro de los expresidentes en capilla y quien es señalado ahora por presuntos actos de corrupción.



Fuente: Sinembargo.mx / Daniel Barragán