La reciente aprobación de la reforma a la ley aduanera en México ha suscitado una mezcla de incertidumbre y preocupación en el sector privado. A pesar de que este proyecto pasó prácticamente sin cambios y entrará en vigor el 1 de enero de 2026, las inquietudes son significativas, especialmente en términos de su impacto operativo y comercial.
Según la International Chamber of Commerce México (ICC México), el nuevo marco legislativo podría frenar el dinamismo del comercio exterior, que representa más del 36% del PIB del país, y desincentivar inversiones en un contexto donde México busca capitalizar oportunidades derivadas del nearshoring. Las principales preocupaciones incluyen la sobrerregulación y la duplicidad de requisitos, que podrían generar responsabilidades excesivas sobre los agentes aduanales y elevar el riesgo de suspensión o cancelación de sus patentes.
Además, se anticipa un incremento en los costos y tiempos de operación, ya que las nuevas verificaciones y los aranceles incrementados —de hasta el 50% para ciertos bienes— impactarían directamente en sectores estratégicos como el automotriz, químico, farmacéutico y de alta tecnología. Estas condiciones podrían afectar la competitividad de México en la región, ya que las empresas podrían optar por trasladar sus inversiones a países con regulaciones más favorables.
Otro aspecto crítico mencionado es que algunas disposiciones de la reforma son potencialmente incompatibles con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que podría exponer al país a controversias internacionales.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) también ha expresado sus preocupaciones, señalando específicamente el artículo 59, que establece la creación de un expediente electrónico único. Este requerimiento obligará a las empresas a realizar adaptaciones significativas en sus sistemas, lo que conlleva costos operativos adicionales para la homologación de catálogos y la capacitación del personal.
En resumen, la reforma aduanera plantea varios retos para el sector privado, tanto en términos de costos como de competitividad, y despierta preocupaciones sobre su alineación con compromisos internacionales y su capacidad para generar ingresos significativos para el gobierno.