El operativo policiaco Caudal, realizado el 27 de octubre en el Estado de México, evidenció la grave situación de la extracción ilegal de agua, que se ha convertido en una industria subterránea en al menos la mitad de los municipios del estado. Grupos criminales y particulares, a veces en connivencia con autoridades locales, están obteniendo ganancias significativas al vender agua en pipas, con ingresos aproximados de 2,400 pesos mensuales por cada familia a la que abastecen.
El costo regulado del agua en el Estado de México es de aproximadamente 1,131 pesos por cada 10,000 litros para uso doméstico. Sin embargo, en ciertas áreas como Ecatepec, el precio se incrementa hasta un 59%, y en otras localidades como Cuautitlán y Tlalnepantla, los sobrecostos oscilan entre el 32% y el 41.4%. Este problema se agrava en los sectores de uso industrial y residencial de alta plusvalía.
El operativo implicó la intervención de 189 inmuebles y el aseguramiento de 51 pozos y 138 tomas clandestinas, así como 322 pipas y 37 vehículos, lo que generó un desabasto inmediato de agua en hospitales, mercados, escuelas y otras instalaciones esenciales, llevando a protestas por parte de los piperos.
A pesar de que el 88.2% de la población del Estado de México recibe agua potable a través de la red pública, alrededor de 2 millones de personas no tienen acceso a este suministro. Además, sólo el 48.85% de los encuestados considera que el agua es pura y cristalina, evidenciando una crisis de calidad y disponibilidad que obliga a muchas familias a recurrir a la compra de agua en pipas, muchas de las cuales operan de manera ilegal.