El caso de Fernandito ha generado una fuerte indignación y críticas hacia las autoridades en el Estado de México, especialmente en el municipio de La Paz. El secuestro del niño, que ocurrió el 28 de julio, ha evidenciado supuestas fallas graves en el sistema de respuesta de las autoridades locales y ministeriales. La madre del menor, Noemí Marcelina, reportó que al buscar ayuda en la policía y otras instituciones, no recibió la atención adecuada ni se activaron los protocolos necesarios para la búsqueda de su hijo.
Cristina Ruiz Sandoval, presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Edomex, ha denunciado una serie de omisiones que empezaron desde el momento de la denuncia, lo que refleja una negligencia y discriminación institucional. La madre, además de la dolorosa experiencia de buscar a su hijo, enfrenta el obstáculo de haber sido despojada de su abogada debido a las denuncias de falta de acción por parte de las autoridades.
Este caso ha puesto en relieve la necesidad de una revisión profunda de los protocolos de actuación en situaciones de secuestro y desaparición, así como una mejor capacitación y respuesta por parte de las autoridades para garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos, especialmente de aquellos más vulnerables. La situación continúa en desarrollo y es de esperar que se tomen acciones que garanticen justicia y protección para los afectados.