El conflicto en Guanajuato ha crecido en intensidad desde que la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia del estado en la tecnificación del campo y el uso del agua de la presa Solís. Ocho meses después, la construcción del acueducto Solís–León, que busca llevar agua a varios municipios para abastecer el corredor industrial, ha generado un fuerte rechazo entre los productores y la población de Acámbaro y sus alrededores.
El pasado 9 de noviembre, más de tres mil personas se manifestaron en Acámbaro, donde demandaron la suspensión del proyecto, argumentando que podría comprometer el suministro de agua en la región sur de Guanajuato. A la protesta se unieron habitantes de otros municipios adyacentes que también dependen del riego proveniente de la presa Solís.
El descontento se ha amplificado, con el apoyo de figuras como el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, quien instó a la población a proteger sus recursos naturales y a defender su territorio frente a intereses externos. Este movimiento ha evidenciado una creciente preocupación por la gestión del agua y sus implicaciones para las comunidades locales, en un contexto donde se han invertido considerables recursos económicos en el plan hídrico nacional.