La controversia surge tras las declaraciones de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sobre las protestas que involucran bloqueos carreteros. Rodríguez mencionó que algunos de los líderes de estas manifestaciones tienen antecedentes penales relacionados con obstrucción de vías. Sin embargo, la presidenta de la ciudad, Claudia Sheinbaum, matizó sus comentarios, afirmando que la secretaria no insinuó que se buscaría perseguir a quienes se manifiestan pacíficamente.
Sheinbaum aclaró que bloquear carreteras es considerado un delito, pero enfatizó que esto no implica que se vayan a tomar acciones legales contra aquellos que están expresando sus demandas a través de manifestaciones. También apuntó a una posible malinterpretación de las declaraciones de Rodríguez, destacando la importancia del derecho a la manifestación en contextos políticos y sociales.
El contexto general de esta discusión gira en torno al manejo de protestas en la Ciudad de México y la diferencia entre el derecho a manifestarse y las acciones que pueden ser consideradas ilegales. La administración de Sheinbaum ha reiterado su apertura al diálogo con los manifestantes, dejando claro que la intención no es criminalizar las protestas, sino encontrar soluciones a las demandas planteadas.