Este artículo aborda la situación financiera del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en México, relacionada con el pago de indemnizaciones a jueces y magistrados que deberán dejar sus puestos anticipadamente debido a reformas judiciales.
El CJF comunicó a los magistrados que no puede cumplir con los pagos de dichas indemnizaciones porque más de 10 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial han sido transferidos al gobierno federal. Esta situación ha generado malestar entre los juzgadores, quienes han pedido sanciones hacia Nacional Financiera (Nafin) por esta acción.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) ha exigido el pago inmediato de las indemnizaciones. Sin embargo, el secretario Técnico A del CJF, Israel Fernando González Reyes, ha indicado que no se cuenta con los recursos económicos necesarios, ya que los fondos están ahora bajo la administración de la Tesorería de la Federación.
A pesar de este comunicado inicial, el CJF ha aclarado que la solicitud de la JUFED está siendo analizada y que la respuesta dada no es definitiva, indicando que la cuestión aún está sujeta a consideración del Pleno del consejo.
Este conflicto ilustra las tensiones entre las instituciones financieras gubernamentales y el sistema judicial en México, así como los desafíos financieros que enfrentan los poderes del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones hacia sus funcionarios.