La situación en torno a la desaparición del abogado Ricardo Lagunes Gasca y del líder comunitario Antonio Díaz Valencia en Michoacán es preocupante y evidencia un contexto complejo que entrelaza intereses económicos, violencia y defensores de derechos humanos. A tres años de su desaparición, sus familias continúan exigiendo justicia y rendición de cuentas, dirigiendo su atención hacia la minera Ternium, que opera en la región.
La minera ha sido acusada de no cumplir con los compromisos adquiridos con la comunidad indígena local, incluidas promesas de desarrollo social y compensaciones económicas. Ana Lucía Lagunes Gasca, hermana de Ricardo, ha enfatizado la responsabilidad que debería tener Ternium en la búsqueda de su hermano y el líder Díaz, así como en la creación de políticas que aborden la violencia en las áreas donde operan.
La Fiscalía General de la República ha atraído el caso, pero hasta ahora hay preocupación de que se maneje solo como un caso de desaparición por parte de particulares, ignorando la complejidad de la situación, que incluye la posible implicación de organizaciones criminales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, y diversos actores políticos y económicos.
La lucha de Ricardo y Antonio no solo se centraba en la defensa del territorio, sino también en los derechos de su comunidad frente a las operaciones de Ternium, que adquirió la concesión para la extracción de hierro en un territorio profundamente marcado por la lucha entre desarrollo económico y derechos humanos. La comunidad sigue demandando el cumplimiento de los acuerdos anteriores y busca justicia en medio de un ambiente de creciente violencia.