La situación en Quintana Roo respecto a la construcción de una casa de descanso militar ha generado un importante debate y conflicto legal. El juzgado federal con sede en Chetumal ha reafirmado la suspensión de esta construcción, negando un recurso de revocación presentado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Las organizaciones civiles Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) y Proyecto Justicia Común (Projuc) habían obtenido en junio una suspensión definitiva en un juicio de amparo contra la exención de estudios ambientales otorgada a la Sedena por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). A pesar de la argumentación de la Sedena sobre un cambio en las condiciones del proyecto y la afirmación de que la suspensión no causaría daño ambiental, el juez David Pacheco Monroy determinó que la medida de protección al ecosistema costero debe mantenerse hasta que se resuelva el caso legalmente.
Este fallo prolonga la incertidumbre sobre la reanudación de la construcción y refleja las preocupaciones sobre el impacto ambiental de la obra en un ecosistema ya afectado. El caso subraya las tensiones entre el desarrollo militar y la protección ambiental, especialmente en áreas sensibles como la laguna de Bacalar. Además, se ha documentado que las actividades de construcción realizadas previamente ya habían causado daños al entorno.