La disputa entre Grupo Salinas, dirigido por el multimillonario Ricardo Salinas Pliego, y el gobierno de Claudia Sheinbaum ha escalado, tras el anuncio de que el conglomerado buscará apoyo en instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este movimiento se produce en respuesta a las deudas fiscales que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pretende cobrar a las empresas del grupo.
El caso no es aislado, ya que en diversas ocasiones, Grupo Salinas ha tratado de invocar derechos humanos en su defensa contra el SAT, a pesar de que estos derechos están diseñados para personas y no para entidades. Un ejemplo notable fue cuando Grupo Elektra presentó recursos legales argumentando que sus derechos humanos habían sido vulnerados, logrando incluso llevar su controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, la SCJN, en una decisión dividida, decidió no otorgarle el amparo que buscaba, cerrando así esa vía de defensa.
Un antecedente de éxito para Grupo Salinas ocurrió en 2012, cuando una jueza lanzó un controvertido amparo que eximió a Grupo Elektra de un nuevo método de valoración de empresas que planeaba implementar la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Esta decisión generó críticas y escepticismo, ya que la jueza fue acusada de haber otorgado ventajas indebidas a la compañía, al basar su fallo en argumentos copiados de la defensa de Grupo Elektra y citar la Convención Americana de Derechos Humanos, a pesar de que esta generalmente no aplica a empresas.
La situación subraya las tensiones entre las grandes corporaciones y las autoridades tributarias en México, así como el uso innovador y polémico del marco de derechos humanos en contextos que tradicionalmente no aplican a entidades jurídicas.