La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República de México marca un momento significativo en la historia reciente del país, que parece recibir con alivio la conclusión de una era caracterizada por el abuso de poder y el uso de la justicia para fines personales. Bajo su mando, la Fiscalía se transformó en una institución cuestionada, donde la objetividad y la ética fueron sustituidas por rencores y venganzas personales.
La renuncia de Gertz Manero no solo pone fin a su mandato, que estuvo plagado de controversias y descontento público, sino que también abre una posibilidad de renovación para un sistema judicial que ha sufrido los embates de la arbitrariedad. Muchos consideran este cambio como una oportunidad para reconstruir la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia y proteger a las víctimas, alejándolas de la manipulación política y personal.
El momento es visto como un respiro para aquellos que han sido perseguidos y vilipendiados bajo su gestión. Ahora, con la partida de Gertz Manero, se sugiere que la Fiscalía puede volver a enfocarse en su verdadero propósito: la defensa del estado de derecho, la imparcialidad y la protección de los ciudadanos, lejos de las sombras que una figura autoritaria había proyectado.
Este capítulo en la política mexicana resalta la importancia de la ética en el ejercicio del poder y la necesidad de que las instituciones actúen siempre en beneficio de la sociedad, no en el servicio de intereses particulares. La caída del fiscal se presenta, entonces, como un símbolo de esperanza para muchos, un llamado a la reconstrucción y una invitación a mirar hacia el futuro con la expectativa de que la justicia vuelva a ser un pilar sólido en el país.