El informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) revela preocupantes hallazgos sobre la contratación pública por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo en 2025. Se señala que se adjudicaron 3 mil 792 millones de pesos a empresas que ya habían sido sancionadas por la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción. Este tipo de prácticas se producen en un contexto donde, paralelamente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está aumentando la vigilancia sobre empresas involucradas en posibles esquemas de lavado de dinero.
El estudio del IMCO destaca que la presencia de empresas en riesgo —incluyendo empresas fantasma y aquellas sancionadas o en listas negras internacionales— afecta seriamente la integridad de los procedimientos de compra pública. Además, resalta que las instituciones como el IMSS, el ISSSTE y la Sedena son las que han registrado mayores montos en contratos con estas compañías problemáticas.
Un aspecto alarmante es que, en 2025, las entidades responsables de combatir la corrupción enfrentan un recorte presupuestal real del 26% en comparación con 2018, lo que podría limitar su capacidad para llevar a cabo investigaciones y sanciones efectivas. Asimismo, el informe señala que se otorgaron 21.5 millones de pesos de manera directa a ciertas empresas sin proporcionar justificativos claros, lo que contradice el principio de que la licitación pública debería ser la norma predominante.
Estas revelaciones generan preocupación sobre la transparencia y la competencia en las adquisiciones gubernamentales, lo que a su vez podría impactar la calidad de los servicios y bienes que reciben las dependencias federales.