La reciente decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de invalidar las sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra candidatos favorecidos por la distribución de "acordeones" ha suscitado un debate considerable en el ámbito político y electoral de México. Este grupo de documentos, atribuidos a partidos políticos, se utilizó durante la elección judicial para guiar a los votantes sobre a quién apoyar.
Mónica Aralí Soto Fregoso, quien se desempeñó como presidenta de la Sala Superior del TEPJF, argumentó que el INE no pudo demostraron que los candidatos se beneficiaron ni que estaban al tanto de las infracciones cometidas. La votación resultó en tres magistrados a favor de invalidar las sanciones, con dos en contra y los otros magistrados absteniéndose debido a su conexión con los acordeones.
La crítica hacia el INE por no haber presentado pruebas suficientes se sumó a un contexto más amplio en el que el TEPJF, bajo la dirección de un bloque de magistrados, ha tomado decisiones que corroboran la narrativa oficial del gobierno sobre el éxito de las elecciones de junio. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre la independencia del TEPJF y su papel en la protección de la integridad electoral.
La decisión de no investigar más allá sobre la elaboración y distribución de los acordeones fue defendida por Soto, quien se mostró escéptica sobre la necesidad de más indagaciones, argumentando que no existieron pruebas que generaran duda sobre el uso de estos materiales. Esta postura se ha interpretado como un intento de mantener el discurso oficialista, que minimiza cualquier controversia en el proceso electoral.
La presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, había anticipado este desenlace, sugiriendo una posible reversión de la sanción del INE en el TEPJF, lo que plantea interrogantes sobre la relación entre las instituciones y sus influencias políticas.