El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), liderado por la presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, ha decidido no abrir una investigación contra Morena y otros funcionarios por la supuesta elaboración y distribución de “acordeones” durante la elección judicial del 1 de junio. La decisión responde a una queja presentada por la organización civil Proyecto y Justicia Común, que acusó al partido y a funcionarios de inducir y coaccionar el voto, así como de usar recursos públicos de manera indebida y vulnerar el principio de equidad.
La queja fue desechada inicialmente por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del Instituto Nacional Electoral (INE). Este organismo consideró que la organización no presentó suficientes pruebas para respaldar sus acusaciones. Según los magistrados alineados con el oficialismo, la denuncia carecía de detalles específicos, como fechas y lugares, lo que dificultaba su evaluación.
Soto argumentó que la queja fue presentada justo un día antes de la elección, lo que limitaba las posibilidades de demostrar el impacto de las acciones denunciadas en los resultados electorales. Sin embargo, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón manifestó su desacuerdo, sugiriendo que la UTCE debió realizar una investigación más profunda en lugar de desechar la denuncia inicialmente.
Esta decisión ha generado debate entre los magistrados, evidenciando diferentes enfoques sobre cómo abordar las acusaciones de irregularidades electorales y la necesidad de una investigación más exhaustiva en situaciones similares.