En la ciudad de México, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha intervenido en el caso de 12 candidatos que habían sido declarados inelegibles por el Instituto Nacional Electoral (INE) tras las elecciones judiciales del 1º de junio. El INE había tomado esta decisión debido a que los candidatos no lograron un promedio de 9 en sus materias afines a la especialidad requerida.
El TEPJF ha ordenado al INE que emita constancias de mayoría para estos candidatos, considerando que el INE había sobrepasado sus atribuciones al evaluar este aspecto. Durante las deliberaciones, se repitió un patrón observado en una sesión anterior donde se rescató a 15 candidatos. La presidenta de la Sala, Mónica Aralí Soto Fregoso, junto con los magistrados Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña, argumentaron que la evaluación del promedio debía ser realizada por los comités de selección, que incluyen representantes de los tres poderes de la Unión, y no por el INE.
Por otro lado, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón opinó que el INE efectivamente tenía la autoridad para revisar el cumplimiento de dicho promedio e incluso podía establecer una metodología para hacerlo. Esta división de opiniones resalta las complejidades y tensiones sobre las atribuciones y el papel de las instituciones en la evaluación de la elegibilidad de los candidatos para cargos judiciales.