El artículo de Proceso destaca la situación en Guerrero relacionada con las violaciones a los derechos humanos que se cometieron entre 1965 y 1990, particularmente bajo la administración del exgobernador Rubén Figueroa Figueroa. La actual gobernadora, Evelyn Salgado, ha reconocido la recomendación 98VG/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que insta al gobierno a ofrecer una disculpa pública y a señalar los nombres de los perpetradores de dichas violaciones.
A pesar de este reconocimiento, la gobernadora ha incumplido con las recomendaciones y, por el contrario, ha celebrado ceremonias en honor a Figueroa, lo cual ha provocado el descontento y la revictimización de muchas personas que sufrieron o aún lidiaron con las consecuencias de esos actos de represión. Micaela Cabañas Ayala, hija del líder guerrillero Lucio Cabañas, señala que estas acciones refuerzan el sufrimiento de las víctimas y sus familias, quienes aún buscan justicia y respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos. La situación evidencia una falta de compromiso real por parte del gobierno estatal en reparar el daño y garantizar el reconocimiento y respeto por los derechos humanos.