La situación que enfrenta Antonio López Rodríguez, procurador General de Justicia de Baja California Sur, es bastante grave y refleja un entorno tenso en la institución. Con menos de cinco meses en su cargo, ya tiene dos denuncias en su contra: una por violencia de género, discriminación y amenazas, y otra por acoso sexual, de la cual fue exonerado.
La denunciante, Thalía, es una exagente del Ministerio Público con siete años de trayectoria en la misma instancia. Según su testimonio, bajo la dirección de López Rodríguez ha experimentado múltiples episodios de violencia, que se detallan en su denuncia presentada el 15 de agosto. Sus acusaciones incluyen no solo al procurador, sino también a César Eduardo Juárez Castillo, oficial mayor de la procuraduría.
Thalía considera que el procurador debería presentar su licencia debido a la gravedad de las denuncias en su contra. Además, ha mencionado que el proceso que siguió para presentar su denuncia fue obstaculizado, ya que Lidia Mena Cázares, subprocuradora de Justicia Alternativa, cerró su carpeta sin permitirle añadir las pruebas que decía tener.
A pesar de las dificultades, la denunciante ha optado por impugnar la decisión de cerrar la carpeta y, en audiencia, un juez le dio la razón, aunque ella sigue enfrentando obstáculos para acceder a la información que podría fortalecer su caso. También denuncia que hay un intento de desacreditarla a través de la creación de una carpeta de investigación en su contra, lo que sugiere un intento de silenciarla.
Esta situación pone de manifiesto las serias preocupaciones sobre la cultura organizacional en la Procuraduría de Baja California Sur, y destaca la necesidad de un manejo adecuado de las denuncias de violencia de género y acoso en instituciones gubernamentales.