La reciente ola de violencia en las manifestaciones masivas en la Ciudad de México, específicamente en las que ocurrieron el 2 de octubre y el 15 de noviembre, ha despertado serias preocupaciones sobre la seguridad y el orden público. Entre las acciones más contundentes por parte de la policía y algunos individuos aliados con manifestantes pacíficos y posiblemente vinculados al crimen organizado, se han registrado al menos 15 incidentes notables de agresión que evidencian un cambio en la dinámica de las protestas.
La organización civil Artículo 19 México ha destacado que la severidad de la represalia es reminiscentes de las épocas de represión vividas durante las administraciones de Miguel Ángel Mancera y Enrique Peña Nieto. En este contexto, se ha perdido de vista un protocolo de actuación que, en teoría, debería guiar la respuesta gubernamental ante dichas manifestaciones.
Además, comerciantes en el Centro Histórico han denunciado saqueos a sus negocios, atribuyéndolos al crimen organizado que se está aprovechando de la situación, bajo la aparente protección del discurso gubernamental que asegura que el presente Gobierno no es represor. Este contexto se agrava aún más considerando que las marchas recientes fueron convocadas por jóvenes de la Generación Z en respuesta a la creciente violencia en el país, marcada por eventos trágicos como el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán.
Se han documentado por lo menos 15 hechos de violencia que no se habían observado en manifestaciones anteriores, y que ilustran un clima de tensión y represión que, al menos en la percepción pública, amenaza el derecho a la libre manifestación y genera un sentido de impunidad tanto para el crimen organizado como para las fuerzas policiales. Es fundamental analizar estos incidentes y reflexionar sobre las implicaciones que tienen para la sociedad civil y el ejercicio de los derechos humanos en México.