Las organizaciones de la sociedad civil han manifestado su profunda preocupación por la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Consideran que esta reforma significaría un retroceso en el acceso a la justicia y en la protección de los derechos humanos en México.
El paquete de reformas, que se discutió brevemente en un periodo de consulta pública, ha sido objeto de un análisis por parte de diversas organizaciones como el Centro Prodh, Cemda, GIRE, Fundar y Artículo 19. Estas entidades advierten que la reforma afectará negativamente la figura del interés legítimo, que actualmente permite a comunidades y grupos defender sus derechos frente a medidas gubernamentales que los afectan en cuestiones críticas como la libertad de expresión, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las personas migrantes y de la comunidad LGBTIQ+, así como los derechos ambientales.
Una de las principales preocupaciones es la propuesta de restringir el acceso al juicio de amparo a través de una interpretación más estricta del interés legítimo, sugiriendo que solo aquellas personas que sufran una lesión jurídica concreta y diferenciada podrían acceder a esta figura. Esto podría limitar significativamente la capacidad de las organizaciones y colectivos para defender sus derechos y buscar justicia en nombre de aquellos a quienes representan.
Además, se muestra inquietud por la restricción de la suspensión provisional y la posibilidad de que dependencias gubernamentales no respondan adecuadamente a los requerimientos de los ciudadanos, lo cual contradice principios establecidos en reformas previas en materia de derechos humanos.
Las organizaciones hicieron un llamado a reconsiderar estas reformas, enfatizando la importancia de garantizar el acceso a la justicia y la defensa de los derechos humanos para todos los sectores de la sociedad.