El caso de Oliver Wenceslao ha expuesto serias fallas en el sistema judicial y de investigación en el estado de Morelos, México, donde se han evidenciado omisiones significativas por parte de la Fiscalía. Oliver fue secuestrado el 24 de mayo de 2013 y encontrado sin vida el 3 de junio del mismo año. Su asesinato y la inhumación irregular de su cuerpo, junto con otros 118, revelan una grave crisis de impunidad en el país.
La reciente decisión judicial que declara prescritos los delitos asociados al caso, específicamente en relación a Yolanda Fabiola Barajas Martínez, quien fue coordinadora de Servicios Periciales, resalta la ineficacia de las autoridades. La defensa de Barajas Martínez argumentó que la falta de acción por más de diez años llevó a la prescripción de los delitos, lo cual fue aceptado por el juez, a pesar de que la Fiscalía no presentó argumentos contundentes para contrarrestar esta defensa.
Familiares de Oliver, como su tía Amalia Alejandra Hernández, han declarado que desde el inicio del caso hubo graves omisiones por parte de las autoridades, que dificultaron su acceso a la justicia. La familia intentó alertar a la Fiscalía sobre el riesgo de la prescripción de los delitos, pero sus esfuerzos no fueron escuchados, lo que se traduce en una sensación de desamparo y frustración frente a un sistema que no garantiza justicia.
Este caso pone de relieve el problema más amplio de la impunidad en México, donde los procesos legales son frecuentemente obstruidos por la falta de acción de las autoridades y una deficiente administración de la justicia. La familia de Oliver continúa luchando por que se reconozcan las fallas y se tomen medidas para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro.