La deuda millonaria que enfrenta la Ciudad de México se origina en un contrato fallido por la compra de chalecos antibalas, suscrito en 1999 por Alejandro Gertz Manero, quien en ese momento era el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital. Este contrato, firmado con la empresa AP American Protective, involucraba la adquisición de 8,995 chalecos antibalas, cuyo costo total alcanzaba los 2 millones 17 mil 128.75 dólares y cuya entrega estaba programada entre enero y febrero del año 2000.
A pesar de que la empresa cumplió con ciertos requisitos, como la presentación de una fianza y la realización de pruebas para verificar que los chalecos cumplían con las especificaciones requeridas, el gobierno capitalino no cumplió con su parte del acuerdo al no proporcionar una carta de crédito necesaria para que la compañía pudiera recibir el pago correspondiente.
En el transcurso del tiempo, la Secretaría de Seguridad Pública recibió comunicaciones de inconformidad de otras empresas, pero el proceso no resultó en la rescisión del contrato ni en la suspensión de su cumplimiento. A medida que el tiempo avanzó, el incumplimiento del gobierno llevó a la empresa a emprender acciones legales.
A pesar de que los juzgados tanto locales como federales han emitido sentencias firmes que ordenan el pago de esta deuda, diversos jefes de gobierno de la Ciudad de México, incluidos Miguel Mancera, Claudia Sheinbaum, Martí Batres y actualmente Clara Brugada, han rechazado liquidar la cantidad adeudada, argumentando la falta de recursos o la inviabilidad de pagar según los términos del contrato. Este incumplimiento ha resultado en más de 100 mil pesos en multas para la administración capitalina. La situación deja al descubierto las complicaciones legales y financieras que enfrenta la administración pública en relación con contratos y deudas heredadas.