El proceso de exhumación en las fosas de Jojutla, Morelos, ha estado marcado por serias irregularidades y omisiones que comprometen la identificación de las víctimas. Activistas y buscadoras han denunciado la falta de cumplimiento por parte de la Fiscalía General del Estado de Morelos con los lineamientos establecidos para este tipo de diligencias, lo que ha llevado a llamar al fiscal Edgar Maldonado a que asuma un rol más activo y supervise personalmente las operaciones.
Desde 2007 hasta 2014, las fosas del panteón municipal "Pedro Amaro" fueron utilizadas irregularmente para la inhumación de decenas de personas. A raíz de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la presión de colectivos de buscadoras, se iniciaron trabajos de exhumación en 2017. Sin embargo, la cuarta diligencia comenzó el 26 de mayo de 2023 y ha enfrentado demoras y problemas significativos, extendiendo su fecha de finalización hasta el 20 de junio.
Las buscadoras han resaltado la falta de personal especializado como una de las principales fallas del proceso. Actualmente, solo hay un antropólogo social y la única antropóloga física disponible concluyó su trabajo a principios de la semana, dejando así la diligencia sin la experticia necesaria para diferenciar entre restos humanos y fragmentos de animales, lo que podría contaminar la evidencia crucial para las identidades de las víctimas.
Al respecto, Amalia Alejandra Hernández y Alba Fabiola Cruz Barrios han manifestado su preocupación por la rapidez con la que se están llevando a cabo las labores, sin el personal adecuado o la debida atención a los protocolos establecidos, reiterando el compromiso de ser observadoras en cada paso del proceso para asegurar que se respeten los derechos de las víctimas y sus familias.