La situación descrita en Cuernavaca, donde el Cabildo ha decidido ceder la calle Santa Prisca a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para la construcción de un templo, ha generado controversia y críticas por la falta de transparencia en el proceso. La decisión se tomó tras una reforma a la Ley Orgánica Municipal que amplía las facultades de los ayuntamientos, permitiéndoles enajenar bienes públicos sin la autorización del Congreso, lo que suscitó preocupaciones sobre el manejo de bienes públicos y la participación ciudadana.
Diversos actores, incluyendo a la diputada federal Meggie Salgado y representantes de organizaciones vecinales, han señalado que la operación se aprobó sin los estudios técnicos y ambientales necesarios que justificarían la permuta, además de la talas de árboles reportadas en el área. A pesar de que el Cabildo formalizó la acción como una permuta, los críticos la ven más como una entrega directa a una institución religiosa.
El hecho de que la permuta fue aprobada en una sesión donde hubo un único voto en contra y con cuestionamientos sobre la falta de estudios adecuados, plantea serias dudas sobre el procedimiento y la legitimidad de la decisión. La falta de respuesta a las solicitudes de acceso a la información también ha alimentado las críticas de que el proceso ha carecido de la debida transparencia, lo que podría afectar a la comunidad en términos de medio ambiente, movilidad y convivencia social.
El contexto y las acciones tomadas en este caso subrayan la importancia de un gobierno local que opere de manera transparente y rinda cuentas a la ciudadanía, especialmente en decisiones que impactan directamente el entorno y la vida de los ciudadanos.