El caso de Aguakán, la empresa concesionaria del suministro de agua potable en Cancún y la Riviera Maya, ha vuelto a ser objeto de controversia legal, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México ha decidido, por segunda ocasión, no atraer el caso. La solicitud de atracción había sido promovida por la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Quintana Roo, con el objetivo de anular una suspensión definitiva que Aguakán obtuvo en enero de 2024, la cual protegía a la empresa de una posible revocación de su concesión aprobada por el Congreso estatal.
Aguakán, que se benefició de la concesión ampliada en 2014 durante el gobierno de Roberto Borge, enfrenta múltiples disputas y acciones legales. La Corte argumentó que la Consejería Jurídica no tenía legitimación para presentar la solicitud de atracción, lo que llevó a desestimar el caso. Anteriormente, en mayo, la Corte también había rechazado revisar una cláusula de la concesión que involucraba un arbitraje en Francia.
A pesar de no haber logrado un amparo contra el retiro de la concesión, Aguakán sigue operando debido a una suspensión definitiva que está vigente en un juicio de garantías. Esta situación ahora pasará a ser analizada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo, en lugar de por la Suprema Corte.
Esto refleja un contexto de tensiones en la gestión de servicios públicos en la región, así como las complicaciones que surgen en el entorno legal cuando se trata de concesiones y derechos de empresas privadas frente a decisiones gubernamentales.