Las recientes acusaciones de narcolavado contra CIBanco e Intercam por parte del gobierno de Estados Unidos han generado preocupaciones sobre las finanzas de los estados y municipios en México, de acuerdo con un análisis de Moody’s. Aunque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino rápidamente y transfirió los negocios fiduciarios a la banca de desarrollo, el riesgo operativo persiste, especialmente en lo que respecta al manejo de fideicomisos públicos vinculados a la deuda subnacional.
Una de las mayores inquietudes es que durante el periodo de transición, el fiduciario podría no cumplir con los pagos a los tenedores de deuda, lo que expondría a los gobiernos locales a presiones financieras. Según los contratos de deuda, si el fiduciario falla en los pagos, los acreedores tienen la potestad de exigir el pago directo al emisor. Esto podría resultar en una carga financiera significativa, especialmente para aquellos estados y municipios que ya enfrentan altos niveles de deuda o que tienen una capacidad institucional limitada para gestionar estos cambios.
Hasta el momento, no ha habido casos de incumplimiento, pero Moody’s advierte que esta situación podría cambiar si se complican los procesos de escisión, si surgen disputas legales, o si los nuevos fiduciarios no logran manejar las funciones de manera efectiva. Esto plantea un escenario de vulnerabilidad para los gobiernos locales, quienes podrían ver afectada su fortaleza crediticia y su liquidez.