La Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM) ha emitido una fuerte crítica hacia el decreto presidencial emitido por la presidenta Claudia Sheinbaum, que prohíbe el uso de 35 plaguicidas tóxicos. Aunque esta medida es un paso hacia la regulación de agrotóxicos, RAPAM sostiene que es insuficiente, ya que aún existen más de 200 ingredientes de plaguicidas considerados “altamente peligrosos” que siguen teniendo registros vigentes en el país.
La organización señala que muchos de los plaguicidas prohibidos por el decreto son de “moléculas viejas” y que algunos, como el DDT, ya estaban fuera de uso. Además, critica que productos como el clorpirfos etilo, conocido por ser un neurotóxico infantil, y el glifosato, que ha sido motivo de controversia internacional, no han sido abordados por esta nueva regulación. RAPAM argumenta que la falta de prohibición de estos productos se debe a las negociaciones que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) mantuvo con la industria de plaguicidas, priorizando sus intereses sobre la salud y el medio ambiente.
La organización invita a la Sader, liderada por Julio Berdegué, a consultar a diversas voces, especialmente de organizaciones campesinas, para las futuras decisiones relacionadas con la prohibición de agrotóxicos, las cuales están programadas para el 2026 y 2027. Esto resalta la necesidad de una revisión más exhaustiva y un enfoque más inclusivo en la regulación de plaguicidas en México.