La situación de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, destaca un escenario complejo en el contexto de la justicia y la lucha contra la impunidad en México. Su posible liberación anticipada ha generado una fuerte reacción entre colectivos de personas desaparecidas, quienes exigen que se le investigue no solo por su papel en las desapariciones forzadas durante su mandato, sino también por el impacto financiero devastador que sus acciones tuvieron en las finanzas del estado.
Con un trasfondo de corrupción, se mencionan numerosas denuncias documentadas respecto al desvío de recursos públicos, con cantidades que ascienden a más de 60 mil millones de pesos a nivel federal y 30 mil millones en denuncias estatales. Pese a la magnitud del caso de Duarte, muchas de estas denuncias han permanecido sin resolución, lo que alimenta la percepción de impunidad y un sistema de justicia ineficaz.
Los exfuncionarios implicados en esta red de corrupción incluyen a altos funcionarios de su administración, quienes también han logrado evadir la justicia en muchos casos, llevando sus procesos en libertad y dejando a su paso un legado de duda sobre la recuperación de activos y reparación del daño.
El abogado penalista Tomás Mundo señala que estos problemas son en gran parte atribuibles a fallas en la fiscalía local, lo que exacerba la complicidad de la impunidad en Veracruz. La situación de Duarte no solo representa un caso individual, sino que refleja un patrón más amplio de corrupción y falta de rendición de cuentas en el sistema político de la región. Esto resuena con las preocupaciones de muchos ciudadanos sobre la efectividad del gobierno y las instituciones encargadas de mantener la justicia.