La violencia política por razones de género (VPRG) ha cobrado relevancia en México como un mecanismo que busca silenciar a quienes critican a figuras públicas y políticos, alertan organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Aunque originalmente creada para proteger el papel de la mujer en el ámbito público, su uso se ha desvirtuado, generando preocupaciones sobre su posible abuso.
Según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), hasta el 14 de agosto se registraron 476 personas sancionadas por este tipo de violencia. Un caso emblemático es el de Karina Barreras Samaniego, diputada del Partido del Trabajo, que logró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impusiera una sanción a una ciudadana. Esta persona no solo tuvo que pagar una multa, sino también ofrecer disculpas públicas en su cuenta de redes sociales tras emitir críticas sobre la diputada.
Este fenómeno ha suscitado un intenso debate sobre los límites del uso de la VPRG y su impacto en la libertad de expresión en el país.